Grupo de obispos piden al PJ inaplicar Ley de Amnistía

En carta dirigida a la opinión pública, doce obispos peruanos rechazaron abiertamente la infame Ley de Amnistía que consagra la impunidad de militares y policías que violaron derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000. Al mismo tiempo los religiosos llamaron al Poder Judicial para que inaplique la norma. Entre los firmantes se encuentra el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo.

Los pastores de la Iglesia firmantes del documento son Card. Carlos Castillo, arzobispo de Lima; Card. Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía; Mons. Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo; Mons. Jorge Izaguirre, obispo de Chosica; Mons. Carlos Salcedo, obispo de Huancavelica; Mons. Cristóbal Mejía, obispo de Chulucana; Mons. Guillermo Cornejo, obispo Auxiliar de Lima; Mons. Miguel Ángel Cadenas, obispo del Vicariato de Iquitos; Mons. Gerardo Zerdín, obispo del Vicariato de San Ramón; Mons. David Martínez, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado; Mons. Jesús María Aristín, obispo del Vicariato de Yurimaguas y Mons. Martín Quijano, obispo del Vicariato de Pucallpa. 

Los religiosos señalan en el documento que  “esta ley es contraria a la justicia, pues fomenta la impunidad de delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas”. 

Además de utilizar el argumento de la justicia -como uno de los más importantes para rechazar de forma contundente la Ley de Amnistía- los firmante se apoyan en elementos jurídicos cuando señalan que “estos delitos, que han recibido sentencias firmes en tribunales nacionales, son también reconocidos como tales por convenciones y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el Estado Peruano suscribió”, en apego estricto a las normas del derecho.

El texto de la misiva es muy claro en señalar que “el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos”, pero ese dato no impide a los doce Obispos responsables de este documento reconocer, con pesar, que “en el contexto de esa guerra, algunos de quienes tenían el deber de proteger a sus hermanos respondieran a la barbarie del terrorismo con igual barbarie. La afirmación de que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la de inocentes, representa una grave herida en el frágil tejido social de nuestro querido país y debilita los esfuerzos de unidad entre peruanos”.

La misiva también agradece el servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú al Bien Común, especialmente para los más desfavorecidos (Comunicado de la CEP 2024). Sin embargo, señala el texto, al generalizar esta amnistía sin analizar caso por caso, fomenta la impunidad de delitos de lesa humanidad, violando flagrantemente los derechos humanos, ya que "niega la dignidad de la persona y le resta gravedad a la muerte y los delitos que con ensañamiento se perpetraron en contra de seres humanos”.

Finalmente, y en uno de los párrafos más importante del texto, los Obispos se suman a quienes piden al Poder Judicial que, en nombre de la justicia, realicen un control de esta norma e inapliquen esta ley que promueve la impunidad frente a delitos de grave crueldad.

El documento dirigido a la opinión pública no está muy lejos, en días, de la realización en Lima de la Semana Social 2025 a mediados de agosto del 2025. La importancia de esto radica en que, en dicho evento, el papa León XIV envió un mensaje a los participantes donde señaló que “(…) el dolor por la injusticia y la exclusión que padecen tantos hermanos nuestros nos apremia a todos los bautizados a dar una respuesta que, en cuanto Iglesia, debe corresponder a los signos de los tiempos desde las entrañas del Evangelio”. Esto, de alguna manera, ha marcado la senda a este conjunto de prelados, firmantes del documento, para la necesidad de pronunciarse sobre el atropello jurídico que contiene la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso peruano y refrendado por el Ejecutivo.