Analizamos con Nicolás Zevallos, ex viceministro del Interior la necesidad de una reforma policial en el Perú. ¿Es posible hacerla? ¿Es urgente emprenderla? Esto es "Punto de Encuentro, el Podcast"
Actualidad30 de diciembre de 2025
Redacción
La policía bajo asedio: el crimen organizado y la imperiosa reforma policial en América Latina
El sol abrasador de Culiacán, los laberintos del barrio del Petare en Caracas, las prisiones convertidas en fortalezas del Comando Vermelho en Rio de Janeiro y el eco de extorsiones en las calles de Lima. México, Venezuela, Brasil, Lima, pero también Colombia, Honduras, es el continente fracturado por la violencia urbana. Al frente o de costado, la policía, guardia nominal del orden, está al borde del colapso de norte a sur.
Infiltradas por la corrupción, carentes de recursos y asfixiadas por presiones políticas, enfrentan al crimen organizado que muta con mayor rapidez que la capacidad de adaptación que los cuerpos estatales de seguridad. El narcotráfico de ayer extiende sus raíces hacia las economías paralelas. En 2025, América Latina registró más de 150,000 homicidios relacionados con el crimen organizado, según datos de UNODC la agencia ONU para el delito, es decir un 12% más que en 2024. Y como todo, nada es sencillo, no basta con balas; se necesitan instituciones limpias, inteligentes y coordinadas. Miremos la región.
México: los cárteles y la colusión endémica
En México, el crimen organizado es una hidra de mil cabezas. El Peace Index 2025, el Índice de Paz Global (IPG), creado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), es la principal medición mundial de la paz, clasificando a los países según la ausencia de violencia y su valor económico revela que México enfrenta "desafíos persistentes a la paz, impulsados por el crimen organizado y la subinversión en instituciones de seguridad". Con más de 110,000 desaparecidos desde 2006 y miles más en 2025, la policía local es el primer blanco: cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinan a cientos de agentes al año, forzando deserciones o alianzas ilícitas. En Culiacán, los policías bajo anonimato han confesado a varios medios locales, que "el uniforme no protege; el soborno sí". Un informe de la consultora global Atlantic Council destaca que más de 200 grupos criminales compiten por las rutas del fentanilo, la extorsión y la trata, con hombres, armas y tecnologías que anulan completamente a los 8,000 policías municipales de esas zonas.
La respuesta gubernamental, bajo la presión de EE.UU., ha sido la militarización: la Guardia Nacional, con 130,000 efectivos, desplaza a la policía civil, pero sin depuración previa, hereda la corrupción. En 2025, el caso Ayotzinapa resurgió con evidencias de obstrucción militar, recordando cómo policías locales encubrieron la masacre de 43 estudiantes en 2014.
Las extorsiones a su vez paralizan las industrias: en Sinaloa, las bandas fijan los precios y controlan los sindicatos, dejando a la policía entre la espada y la pared. Los expertos sugieren acciones de inteligencia compartida, pero la fragmentación federal impide avances, cada área maneja la información para su propio feudo y sus propios intereses.
Venezuela: de represión política a narcoestado
En Caracas, el aire huele a paranoia. La policía venezolana, convertida en brazo represivo del régimen de Maduro, enfrenta un crimen organizado que ha permeado al Estado mismo. El Global Organized Crime Index 2025 califica a Venezuela como un "narcoestado": “(…) muchos oficiales participan en tráfico de drogas, extorsión y ejecuciones extrajudiciales". El "Cartel de los Soles", liderado por generales, usa rutas militares para exportar cocaína, con EEUU ofreciendo recompensas millonarias.
Un informe interno de la Policía Nacional, filtrado en agosto de 2025, describe una "crisis estructural" por falta de recursos y entrenamiento: agentes patrullan sin combustible, ni balas, mientras el “Tren de Aragua”, ahora señalado como una organización terrorista, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, exporta violencia a la región. En las calles, se producen detenciones arbitrarias contra opositores lo que distrae de la lucha real contra las bandas de delincuentes, que reclutan niños de barrios marginados para convertirlos en sicarios. En Petare se lucha contra el hambre antes que contra los narcos.
En 2025, operativos conjuntos con fuerzas de seguridad dio como resultado la captura cientos de miembros de bandas, pero hoy en Venezuela la impunidad reina: Diosdado Cabello, el segundo de Maduro y hombre fuerte del régimen, alaba los "esfuerzos dedicados" a la lucha contra la inseguridad. Es parte del show, ignora las infiltración de la delincuencia en las instancias policiales y la corrupción rampante en todos los niveles de la misma. La crisis económica agrava todo: con hiperinflación, la policía se corrompe fácilmente. En este estado de cosas ¿Hay espacio para hacer reformas profundas? El régimen prefiere megacárceles a depuración. Venezuela no necesita más represión; urge una policía civil desvinculada del chavismo.
Brasil: Favelas como campos de batalla
Río de Janeiro, 2025: una redada policial deja 122 muertos en Jacarezinho, la más letal de la historia, sin capturar a los líderes del Comando Vermelho. Brasil enfrenta abusos policiales en favelas controladas por las facciones del Primer Comando de la Capital y del Comando que dominan prisiones y rutas amazónicas. El Foro Brasileño de Seguridad Pública reporta 44,127 homicidios intencionales en 2024, con un descenso leve, pero la policía militarizada mata más que los pandillas.
En Río los agentes confiesan temor, señalan que ellos entran armados, pero los delincuentes controlan la inteligencia. Human Rights Watch documenta vínculos entre crimen organizado, policía y políticos, con redadas que socavan la confianza pública. El crimen trasciende las drogas. El crimen organizado en Brasil -y en la Amazonía- utiliza actividades ilegales como la tala ilegal y la minería ilegal, principalmente de oro, para lavar dinero. En la COP30 se destacó como el CV o el PCC financia y expande sus operaciones mediante delitos ambientales.
El gobierno de Lula presentó originalmente una propuesta para golpear financieramente a las organizaciones criminales congelando activos y mejorando la coordinación policial. Sin embargo, la derecha -especialmente bolsonaristas y aliados como Guilherme Derrite, exsecretario de Seguridad de São Paulo- modificó el texto en el Congreso, endureciendo penas, ampliando poderes de la policía local y creando categorías como "organizaciones ultraviolentas" o "control social estructurado".
Organizaciones como el Foro Brasileño de Seguridad Pública y juristas -citados en Valor Económico y Le Monde- argumentan que estas modificaciones debilitan la lucha efectiva contra el crimen organizado. Crean confusiones legales que benefician a abogados de criminales, fragmentan recursos policiales y desvían el enfoque de "seguir el dinero" hacia represión armada que, además, históricamente aumenta abusos policiales sin reducir el crimen.
La coordinación federal es clave, pero el populismo de seguridad prima. Lula puede reunirse con la Interpol, pero si las prisiones son feudos criminales es poco lo que puede hacer.
El Salvador: del terror a la mega-prisión, ¿Victoria o autoritarismo?
San Salvador, 2025. Los homicidios cayeron en 70% desde 2019 gracias al régimen de excepción de Bukele, con 89,000 arrestos. Pero ¿Cuál ha sido el precio? Una razia indiscriminada en barrios pobres, torturas en mega-prisiones -a inocentes y culpables- y policía militarizada que arresta sin supervisión judicial. El Organized Crime Index nota que "iniciativas comunitarias fueron abandonadas por operaciones militarizadas, efectivas, pero disruptivas".
En El Salvador de Bukele uno puede ser culpable por llevar un tatuaje equivocado. Human Right Watch reporta abusos contra 86,000 capturados. Pandillas como MS-13 perdieron territorio, pero el modelo se exporta, sus remanentes cruzaron fronteras centroamericanas. Se reduce la violencia, pero se fortalece el autoritarismo sin reformas estructurales. En tal caso El Salvador muestra que la mano dura puede funcionar en el corto plazo, pero sin depuración policial, el ciclo persiste.
Colombia: Posconflicto frustrado
Pese a la paz con las FARC, el clan del Golfo, ahora declarado también grupo terrorista por los EEUU, controla la zona sur y el Darién, explotando el tránsito de migrantes. Human Right Watch reporta abusos por grupos armados y pone en evidencia la marginación y la enorme pobreza rural. La policía, ligada históricamente a grupos paramilitares, enfrenta una depuración pendiente; además las leyes "procrimen" debilitan la lucha contra la corrupción.
En la zona del Pacífico las disputas por los corredores de la droga son por un lado cosas de todos los días y por otro de una violencia que impacta en las comunidades que nada tienen que ver con el negocio de la cocaína. El clan del Golfo es el que más guerra le presenta a unas fuerzas de seguridad que si bien tienen el entrenamiento aún calientes de los años de guerra interna, deben enfrentar a una fuerza irregular muy bien armada y apertrechada que además pelea por ingentes cantidades de dinero en recompensas frente al humilde sueldo estatal. Petro discute el asunto de la sustitución de los cultivos de hoja coca, pero el narcotráfico infiltra la inteligencia policial. UNODC apoya a Colombia con lo que puede desde Naciones Unidas, pero el sistema judicial -un brazo clave con el que también cuenta la policía- también es vulnerable.
Perú: Extorsión urbana y corrupción institucional
En Perú este año se ha matado más que el anterior. Lima ha sido el epicentro de la violencia urbana. Las extorsiones subieron 300% desde 2019, con bandas atacando buses, mototaxistas y en general a un desprotegido mundo informal.
No cabe duda que los diez años de caos político coadyuvaron a abrir las puertas al crimen organizado que vino del exterior y que se sumo a un creciente deterioro de la seguridad interna producto del crecimiento de las mafias locales que se nutren desde hace décadas del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción de las fuerzas de seguridad.
La PNP, con un irrisorio 40% de aprobación, no puede sacarse de encima una corrupción sistémica. Como muestra un botón, en el 2025, "El Monstruo", uno de los criminales más buscados por su alta peligrosidad escapó dos veces, en ambos casos contó con ayuda policial.
Las comisarías se caen a pedazos. En San Juan de Lurigancho los agentes no tienen equipos. En la frontera amazónica, solo 14 policías combaten las rápidas lanchas de los narcos con botes viejos. Allí donde las voluntades son permeables los criminales compran información de los propios policías.
Además, la estructura legal en la lucha contra el crimen excluyen la extorsión del crimen "organizado", según Human Right Watch. La máxima autoridad del país promete "guerra al crimen", pero los expertos urgen inteligencia sobre la fuerza bruta.
Patrones de Colapso
A lo ancho del continente, patrones emergen. Militarización dominante: en México, El Salvador y Honduras, soldados desplazan la labor policial, pero sin entrenamiento en derechos humanos los abusos proliferan.
La corrupción es sistémica: del "Cartel de los Soles" en Venezuela a infiltrados en PNP peruana. En el caso del Perú, los oficiales y suboficiales son reclutados pese a que, en los últimos años, los sueldos -en la corporación policial- han dejado de ser bajos. Mientras tanto la impunidad reina en Brasil y Colombia, los vínculos de la policía con los políticos protegen a las mafias. El drama está servido.
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