Zimbabwe: Negros y blancos resuelven sus diferencias luego de reforma agraria

La minoría blanca, que representaba menos del 1% de la población, controlaba alrededor del 70% de las tierras fértiles. El programa de reforma agraria expropió aproximadamente 10,8 millones de hectáreas de tierras propiedad de unos 4,000 agricultores blancos. No fue un proceso fácil y mucho menos pacífico. Hubo ocupaciones violentas de tierras que incluyeron asesinatos y desplazamientos forzados.

La intención era redistribuir estas tierras a cerca de 245,000 familias negras, incluyendo trabajadores agrícolas y campesinos sin experiencia previa, con el objetivo de empoderar y dar derechos de propiedad a la gran mayoría negra y campesina.

Sin embargo, la ejecución fue caótica y profundamente problemática. Muchos de los beneficiarios, incluidos trabajadores sin conocimientos agrícolas, recibieron parcelas sin el apoyo necesario en términos de capacitación, herramientas o financiación, lo que llevó a una drástica caída en la productividad agrícola. Antes de la reforma, Zimbabwe era conocido como el "granero de África" debido a su autosuficiencia y exportación de cultivos como tabaco y maíz.

Tras las expropiaciones, la producción colapsó, con un declive notable en cultivos clave, lo que provocó hambruna y dependencia de ayuda internacional a partir de 2002. La falta de experiencia de los nuevos agricultores, combinada con la destrucción de sistemas de riego y la corrupción—donde elites del partido ZANU-PF se apropiaron de las mejores tierras—agravó la crisis.

Las consecuencias económicas fueron devastadoras: el PIB agrícola, que representaba cerca del 40% del total del país, se desplomó, contribuyendo al colapso económico general, hiperinflación y aislamiento internacional. La ira de los agricultores blancos, muchos de los cuales perdieron sus medios de vida, dio paso a una diáspora hacia países como Zambia, donde buscaron revitalizar sectores agrícolas locales.

En retrospectiva, la reforma dejó un legado de inseguridad alimentaria, con más de la mitad de la población enfrentando hambre en 2024 debido a sequías agravadas por la falta de infraestructura agrícola.

Sin embargo, recientemente, el gobierno ha intentado compensar a algunos expropietarios blancos y fomentar ayudas para aquellos emprendimientos agrícolas donde se sumen tierras para trabajar economías de escala fomentando la asociatividad entre negros y blancos, pero la desconfianza persiste, y el sector lucha por recuperar su antiguo esplendor. 

Daniel Burger y Miriam Mupambawashe

Por ejemplo, Daniel Burger, agricultor de cuarta generación, y Miriam Mupambawashe, relativamente recién llegada a su propiedad, son vecinos y socios en los esfuerzos por revitalizar el otrora floreciente sector agrícola del país. Mupambawa estuvo entre los miles de personas que recibieron tierras, a pesar de no tener ningún conocimiento de agricultura, y al principio se encontró con la ira de los agricultores blancos locales. Ahora, junto a Burger, plantea lograr “hablar de buena fe y seguir adelante", dice, de pie en su ahora próspera parcela.

Si bien el problema derivado de la reforma agraria en Zimbabwe no ha sido completamente resuelto, se han tomado medidas parciales para mitigar sus efectos. En principio se reconoció la necesidad de revitalizar la agricultura y una de las acciones clave fue el lanzamiento del programa Command Agriculture, que proporciona insumos y equipos a pequeños agricultores para mejorar la producción de maíz, aunque su sostenibilidad a largo plazo es cuestionada debido a costos elevados y falta de financiamiento continuo.

Otro paso significativo fue el compromiso de compensar a los expropietarios blancos por las mejoras en las tierras para lo que se ha dispuesto contar con dinero gubernamental, de la cooperación internacional y el financiamiento por parte de los nuevos ocupantes de las granjas. La implementación ha sido lenta y enfrenta críticas por insuficiencia. Algunos blancos han retornado para recuperar la productividad, especialmente en cultivos como el tabaco. Sin embargo, la inseguridad de tenencia, la corrupción y la falta de apoyo estatal a los pequeños agricultores siguen siendo obstáculos.

Recientemente, en 2024, ante una severa sequía agravada por la falta de infraestructura, el gobierno declaró un estado de emergencia y solicitó ayuda internacional, lo que ha permitido cierta recuperación en la producción gracias a donaciones. A pesar de estos esfuerzos, la dependencia de importaciones de alimentos persiste, y el sector no ha recuperado su estatus como "granero de África". La solución sigue siendo incompleta, marcada por intentos de reconciliación y modernización, pero limitada por problemas estructurales y políticos.