Las fosas comunes eternizan los conflictos

El Perú sigue buscando a los desaparecidos del Conflicto Armado Interno. Las cifras de la Cruz Roja estima en 22 mil los restos humanos que esperan en fosas ser desenterrados para ser entregados a sus seres queridos. A medida que pasan los años los familiares de los desaparecidos van muriendo, madres, padres, abuelos, desaparecen habiendo vivido con la esperanza de algún día recuperar los cuerpos ocultos en esas fosas. El olvido nunca llega, la memoria siempre es más fuerte. 

El Peruano no es el único caso donde centenares de fosas esperan ser abiertas para que los restos de miles de personas sean entregados a sus familias para que, con el rito que deseen, los despidan y la paz regrese a sus vidas. La guerra civil española es un caso paradigmático, justo en fechas en que se recuerdan los 50 años de la muerte de Francisco Franco, el tirano que gobernó España con mano de hierro luego de ganar la guerra civil en 1939. Durante décadas, allí, ha reinado el silencio y las fosas han permanecido tapadas y ocultas. Sin embargo con pocos recursos, pero con una ley que lo impulsa, se está procediendo paulatinamente a desenterrar en algunas puntos de España esas tumbas silenciosas. Poco a poco, pero sin pausa.

Recogemos a continuación una historia, como la de miles de hombres y mujeres de toda la tierra cuyo horror narró Miguel Hernández en los versos que luego Serrat cantó, y que es un verdadero espejo, una auténtica referencia, del dolor que siguen viviendo familias peruanas, pobres y quechua hablantes que siguen esperando -también- que las fosas se abran.

El caso español como evidencia

Jesús Ezquerra era jornalero y concejal socialista en Aragón, al noroeste de la provincia de Zaragoza, en la pequeña comunidad de Ejea. Tenía 38 años. Tras el rápido triunfo en esta zona -luego del golpe militar de 1936 contra la República- estaba seguro que irían a buscarlo, y había planeado escapar. Cuando finalmente el bando Nacional llegó a su casa, temió dejar atrás a su mujer y a sus cuatro hijos, más uno en camino, María Jesús. Dos días después, yacía en una fosa común del cementerio de Ejea de los Caballeros junto a unas 150 personas del pueblo, según una estimación conservadora. Fue asesinado a comienzo de la Guerra Civil. De esto hace ya 90 años.

María Jesús Ezquerra, la hija de aquel jornalero republicano asesinado por los fascistas, tiene hoy, 88 años, y medio siglo después de la muerte de Franco, sueña con recuperar por fin el cuerpo de su padre, para reunirlo con su madre. No pide más.

Y justamente, en el marco de la aplicación de los protocolos de aplicación de la ley de Memoria Histórica en España se ha comenzado a abrir una serie de fosas en varias zonas de la península. Un país plagado de fosas que luego de la guerra civil nunca fueron abiertas en la medida que se pactó una transición a la medida del dictador y que dejó impune a centenares de responsable de crímenes horrendos. 

María Jesús vive aún esperanzada con los trabajos de exhumación que acaban de empezar en la fosa de Ejea. En la  localidad de unos 17,000 habitantes, a una hora tan solo de Zaragoza se vive con cierta ansiedad un momento que han esperado por años y del que se ha hablado poco. "Yo siempre he sido una mujer que a mi padre le he querido mucho, y sin conocerlo, que no lo conocí", añade María Jesús. A su lado, su hija Conchita García le sostiene la mano, y ante ellas, sobre la mesa, hay fotos de su madre y de su padre. Nuevamente la memoria siempre se impone impregnada hasta el tuétano.

Unos 114.000 desaparecidos 

Hay más de 3,300 sepulturas clandestinas de la Guerra Civil y 114,000 desaparecidos, según el Gobierno de Pedro Sánchez. Se han exhumado muy pocas. Aunque hubo ejecuciones extrajudiciales en el lado republicano, el franquismo hizo un esfuerzo por recuperar los cuerpos y homenajearlos.

La mayor fosa común de España está en el Valle de los Caídos, ahora de Cuelgamuros, el mausoleo cerca de Madrid que Franco se construyó a su gloria, y al que trajo unos 33,000 muertos de los dos bandos, sin informar a las familias de los republicanos.

Tras la muerte de Franco en 1975, algunos familiares empezaron a desenterrar a los suyos, porque su paradero era a menudo conocido, pero no fue hasta 2022 cuando se aprobó la ley que otorgaba al Estado "la responsabilidad" de las exhumaciones.

Sin embargo, la tarea sigue principalmente en manos de organizaciones, como la Asociación Memoria Histórica Batallón Cinco Villas, impulsora de los trabajos en Ejea. "Esperamos que el proyecto dure unos dos años, porque es necesario recabar muchos recursos económicos", explica el secretario de esta asociación, Javier Sumelzo, de 42 años. Además, "las pruebas de ADN llevarán su tiempo", concluye.

 Menos de 1% identificados

Javier Ruiz, arqueólogo de 56 años que dirige la exhumación, lamenta medio siglo perdido en España, entre resistencias y oposición de muchos políticos y ciudadanos. A estas alturas, no existe siquiera un banco de datos genéticos nacional, como preveía la ley de 2022, sino varios regionales incomunicados.

"Lo que más nos jode es sacar una fosa y luego no poder identificar a casi nadie. Y conforme pasa el tiempo, es mucho más problemático", lamenta Ruiz. Sin el ADN de los hijos, la mayoría muertos, "tienes que tirar de líneas genéticas laterales, cuando más te alejas, más complicado es", narra ante la fosa, de la que asoman esqueletos.

Según datos del Gobierno de finales de septiembre, de los 9,000 cuerpos exhumados en los últimos 5 años, sólo se entregaron 70 a los familiares, menos del 1%. Cristina Sánchez, de 34 años, arqueóloga forense en la excavación de Ejea, habla con los familiares que vienen al cementerio. "A veces conseguimos que la familia nos envíe alguna foto, o nos cuente si tenía algún tipo de cojera, llevaba gafas, algún rasgo físico", explica. Pueden darse indicios de la identidad de alguien, pero el test ADN es imprescindible, si no "generas una esperanza que no debes", sentencia.

 Cerrar heridas, terminar

Conchita, la hija de María Jesús, se ha dedicado en los últimos años a pelear por recuperar a su abuelo. Visita cuando puede la fosa, y para ella, las exhumaciones "no abren heridas, las cierran".

Están de acuerdo con ella tres primos sexagenarios, Ramón, Mariví y Paquita, nietos de Eusebio Fenollé Miguel, asesinado en 1936 y ya identificado tras ser desenterrado de una pequeña localidad cercana. Sus abuelos descansan finalmente en la misma tumba, cubierta con la foto de su boda. Recuperarlo fue un "alivio, porque has encontrado a una persona que no has conocido, pero que la querías", dice Ramón ante la sepultura, mientras Mariví y Paquita responden al unísono que supuso "terminar la historia".

 Los desaparecidos en el Perú

El conflicto armado interno en Perú (1980-2000) dejó casi 70 mil víctimas, muertas o desaparecidas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). De ellas, se reportan entre 20,000 y 22,000 personas desaparecidas de forma forzosa, principalmente en zonas rurales andinas y por acciones de Sendero Luminoso, en segundo lugar a manos de las Fuerzas Armadas (37% de muertes / desapariciones) y en tercer lugar el MRTA.

La mayoría de las víctimas fueron campesinos indígenas, con escasa educación y en edad productiva (20-39 años). Se incluyen casos de niños de comunidades indígenas reclutados por militares y sometidos a servidumbre.

Al 2025 sólo se han resuelto 2,700 casos de búsqueda, con 47 sentencias judiciales de miles que hay en proceso. Se avanza lentamente por la falta de un plan nacional integral de búsqueda de los desaparecidos,  los recursos son limitados, la impunidad y la resistencia política a políticas de memoria es más que clamorosa. Mientras tanto las familias persisten en demandas vía el Registro Único de Víctimas (RUV) y algunas pocas exhumaciones, pero sin mapa nacional de fosas ni identificaciones masivas. ONU le ha exigido al Perú una mayor urgencia acción estatal para evitar perpetuación de una injusticia que no tiene nombre.